La intrincada institución del fraude

Oscar A. Fernández O.

La lucha electoral entre los partidos políticos y la de sus respectivos contingentes sociales en nuestro país, tiene por testigo histórico al pueblo salvadoreño, que a estas alturas ha elaborado una serie de cuestionamientos objetivos que llegan a la esencia de una lucha de clases.

Nunca como ahora había sido puesta en crisis la legitimidad del estado neoliberal, ante la desaseada y en múltiples ocasiones, facciosa actuación de los gobiernos areneros, el descrédito de sus instituciones y la protesta social manifestada multitudinariamente en las calles.

Así, el cambio hacia un nuevo modelo de vida democrática se plantea cada día, como una realidad inevitable, por lo que la institucionalidad del fraude recobra su fuerza alentada desde el pasado espurio de las viejas dictaduras y oligarquías.

La institución del fraude, con más de sesenta años de experiencia, está siendo puesta al descubierto ante cada vez más amplios sectores de nuestro pueblo. El secuestro de las instituciones gubernamentales, el carácter oscuro y corrupto de sus operadores neoconservadores, las alianzas espurias entre los poderes fácticos y los sectores retardatarios, la posición reaccionaria de los medios de prensa mercantilista, la guerra política sucia, el carácter antidemocrático y tramposo del sistema político y, por encima de todo esto, el poder del gran capital transnacional, son signos evidentes de la gran conspiración contra el pueblo y su derecho a una libre decisión.

Se comprueba cuando constatamos que una traba fundamental para el funcionamiento de los procedimientos electorales es la actuación de los grupos políticos dominantes.

Aparece aquí una contradicción central que ya señalaba Gramsci cuando hablaba de subversivismo de las clases dirigentes. Los grupos favorecidos por los procedimientos legales son los manipuladores de la legalidad, los que socavan las bases de legitimidad del sistema. Esta conducta confirma la hipótesis de que nadie puede creer la -muy liberal- autoproclamación de los “verdaderos” demócratas: las elecciones son válidas siempre y cuando garanticen la continuidad de un régimen.

“Sin ninguna duda, la democracia que asegura ARENA, -dicen sus voceros más conspicuos-, consolida un sistema de libertades”, es decir, que si leemos al revés dirá: si triunfa el FMLN el sistema democrático está en peligro.

En nuestro país existen varias capas de población que aún son permeables a este tipo de razonamiento propagandístico, dada su condición de vulnerabilidad y escasa educación política, por lo que la presión a la información pública de ARENA se centra nuevamente en la desestabilización que produciría el triunfo de la Izquierda, y en su supuesta incapacidad de gobernar, culpándole de todos los males.

La democracia por definición es la igualdad de las personas que dan origen al Estado democrático. Las personas tienen derecho a la justicia, la salud, la educación y en el momento culminante de su vida política: la de decidir, en completa libertad, quien los ha de gobernar y cómo ha de gobernarlos.

Las personas en una democracia ponen límites al poder que delegan, en particular a través de mecanismos de control, colocándole una serie de pesos y contrapesos, en dónde la participación ciudadana es clave.

La Constitución salvadoreña consigna en el Art. 85, un Estado representativo el cual ha sido copado por los políticos partidistas derechistas, es decir, que el pueblo no tiene acceso directo, ni controla las grandes decisiones que afectan su vida, sino a través de terceros que ni siquiera conoce.

Además, la experiencia nos indica que el Sistema Electoral comandado por los partidos políticos tradicionales y manipulado por el poder de facto, tiende a fragmentar la representación de las minorías lo que no debería sorprendernos a estas alturas, porque en la medida que se promete una cosa en la campaña electoral y se realiza otra una vez asumido el gobierno, se produce una erosión de la confianza pública que transforma en minoritario el consenso político de las mayorías.

Los partidos políticos tradicionales recurren a diversos artilugios políticos para mantener su predominio y tratan de forzar los sistemas de delegación que resultan así cada vez más alejados de lo que puede considerarse justo.

La democracia procedimental (democracia de las derechas), como han señalados sus críticos después de la borrachera neoliberal, tiene muchos límites. Además de ser restringida, controlada y despolitizada, tiene el límite de sus propios procedimientos: la política reducida a la aritmética electoral se enfrenta a los problemas típicos de la cuantificación, de la medición, de la recopilación de los datos, etc.

Explorar los vericuetos del sentido común y de las inercias culturales es indispensable para saber en qué país vivimos y cuáles son las vías subterráneas de la transformación, que corren debajo de las grandes avenidas de los procesos electorales. Partiendo de esta comprensión no dejará de bifurcarse el camino: la adaptación al entorno en aras del objetivo (el fin justifica los medios) o la lenta pero segura transformación del entorno social. La única forma de reaccionar el cierre de los caminos institucionales es promover la articulación de un Frente Amplio de Izquierdas y sectores Progresistas, un movimiento de movimientos que construya las trincheras de defensa de las clases subalternas frente a una nueva oleada neoliberal, neoconservadora y neofascista.